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Misión, visión y objetivos.

Misión

La misión de la Dirección General de Tráfico es satisfacer las necesidades ciudadanas mediante el cumplimiento de sus tres objetivos primordiales y permanentes: disminuir el número de víctimas y de accidentes de tráfico, garantizar la movilidad a través de una adecuada gestión del tráfico y proveer la gestión de todos los trámites asociados a la gestión de la circulación.

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Visión

La visión viene formulada en la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020: “Los ciudadanos tienen derecho a un Sistema Seguro de Movilidad en el que todos, ciudadanos y agentes implicados, tienen su responsabilidad”. Esta visión se apoya en cinco valores: derechos y deberes compartidos, movilidad sostenible, usuarios seguros, carreteras y entornos seguros, y vehículo seguro.

Objetivos y ámbitos de actuación

Desde la perspectiva jurídica, la política de seguridad vial encuentra su marco normativo y competencial en el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre.

Desde una perspectiva de políticas públicas, los accidentes de tráfico y el coste en vidas humanas que suponen han exigido el planteamiento de políticas activas. El 25 de febrero de 2011 el Consejo de Ministros acuerda aprobar las líneas básicas de la política de seguridad vial 2011–2020, tras la aprobación por el Consejo Superior de Seguridad Vial en su sesión plenaria de 23 de noviembre de 2010. Esta nueva estrategia de seguridad vial se proyecta en el horizonte 2020, en línea con las orientaciones políticas sobre seguridad vial 2011–2020 de la Comisión Europea y con la contribución al objetivo de reducción del 50% del número de fallecidos y heridos graves. La estrategia se estructura en una visión fundamentada en la consecución de un sistema seguro de movilidad, en el que todos, ciudadanos y agentes implicados, tienen su responsabilidad, y unos objetivos estratégicos que persiguen la reducción del coste humano y socioeconómico de los accidentes de tráfico.

La Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 está también alineada con el “Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020”, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 64/255, de 1 de marzo de 2010. El “Plan Mundial para el Decenio de Acción” establecía los cinco pilares básicos que informan la estrategia española: gestión de la seguridad vial, vías de tráfico y movilidad más seguras, vehículos más seguros, usuarios de vías de tráfico más seguros y respuesta tras los accidentes.

En este contexto, nos enfrentamos a la realidad actual en nuestro país con un balance de 1.806 fallecidos en 2018, y una tasa de mortalidad de 39 fallecidos por millón de habitantes. Es necesario, por tanto, seguir trabajando para alcanzar el objetivo marcado en la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 de reducir la tasa de mortalidad por debajo de 37 en el año 2020. En esta línea, las políticas de seguridad vial se traducen en las siguientes tareas:

 

  • En el ámbito de la seguridad vial, se establecen como prioridades actuales: la protección de los usuarios más vulnerables (niños, mayores, peatones y ciclistas); potenciar una movilidad segura, proporcionando espacios públicos y entornos seguros, con la promoción de la movilidad sostenible y segura; mejorar la seguridad de los motoristas; mejorar la seguridad en las carreteras convencionales; y mejorar la seguridad en los desplazamientos relacionados con el trabajo.
  • De igual modo, la gestión del tráfico y la movilidad, a través de la red de centros de gestión del tráfico de la Dirección General de Tráfico (DGT) y del desarrollo del vehículo conectado, proporciona información a la ciudadanía sobre el estado de las carreteras, coordina a los distintos agentes implicados en asegurar la movilidad y la seguridad vial, y sirve de instrumento para la adopción inmediata de decisiones que garanticen la máxima fluidez, seguridad y fiabilidad en la circulación por carretera.
  • Por último, y como elemento que da soporte e integra las actividades del organismo, la gestión administrativa de vehículos, conductores, sanciones y transportes especiales que son competencia del Gobierno (con excepciones parciales en las Comunidades de Cataluña y País Vasco). Las actuaciones en esta área se ejercen a través la Jefatura Central de Tráfico y se caracterizan por su repercusión en la mejora del servicio que se presta a los ciudadanos (volúmenes de tramitación masivos), por su impacto en sectores económicos sensibles y por su estrecha interrelación con los objetivos de reducción de la siniestralidad.