¿A quién se le ocurre grabarse cometiendo un delito y colgarlo en una red social para que pueda verlo todo el mundo? Esta pregunta pasa a menudo por la mente de los integrantes del GIAT (Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico), una unidad especializada de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil que tiene, entre otras funciones, la de rastrear las redes sociales buscando posibles delitos contra la seguridad vial. También analizan material enviado por ciudadanos anónimos, que son una fuente inagotable de información en un país donde, según IAB Spain (asociación mundial de comunicación, publicidad y marketing digital), el 86% de la población entre 12 y 76 años utiliza las redes sociales.
¡Alto! Delito en las redes
Fecha actualización: 19 noviembre 2024Conducir a más de 200 km/h y alardear de ello en redes sociales es una buena idea para los ‘exhibicionistas’ del volante. El Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT) de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se encarga de llevar ante el juez a estos presuntos delincuentes.
Lo que más se suben son vídeos de velocidad, conducciones temerarias, derrapes...
Identificar al infractor
Un caso llamativo tuvo eco el pasado mes de julio en los medios de comunicación. Los miembros del GIAT en Segovia comunicaron la investigación realizada sobre un joven de 23 años que, algunos meses antes, había aparecido en una red social conduciendo un vehículo de alta gama a 264 km/h por una autovía, cerca de la localidad segoviana de Cuéllar. Tras los trabajos de identificación, los miembros del GIAT constataron, además, que la persona en cuestión no disponía de permiso de conducir, y que el vehículo era propiedad de su padre, implicando también al progenitor como cooperador necesario. Remitidas las diligencias correspondientes al juzgado, el joven podría enfrentarse al final del proceso judicial a dos penas de prisión de entre 3 y 6 meses.
“Este tipo de casos los vemos muy habitualmente, el de jóvenes que cogen el coche de su padre o madre, muchas veces incluso sin que estos lo sepan, y comenten locuras al volante. Encima se graban pensando que no se les va a reconocer, o simplemente no piensan en las consecuencias que puede tener exponer un vídeo así en las redes”, explica el capitán Garciamartín, jefe del Grupo Central de Investigación de Tráfico, con sede en Madrid. La realidad es que, en un alto porcentaje de casos, se logra identificar al infractor.
Conducción temeraria
Subir a las redes sociales comportamientos irresponsables o incluso delictivos al volante no es algo nuevo -ocurre desde hace años en plataformas como Facebook o YouTube-, aunque, con el éxito de las redes sociales basadas en la sucesión de vídeos cortos, como Instragram (con casi 24 millones de usuarios en España) o la pujante TikTok (16,6 millones de usuarios y en pleno crecimiento), o de streaming, como Twitch, el volumen de denuncias ha crecido considerablemente. Lo que no ha cambiado tanto son los delitos que se suben, impulsados por la absurda voluntad de presumir de supuestas cualidades al volante. “Lo que se lleva la palma es la velocidad, después conducciones temerarias como hacer zigzag entre varios coches, con ocupantes sacando medio cuerpo por la ventanilla, derrapajes...”, comenta el capitán jefe del GIAT Central.
Estas exhibiciones de ‘destreza’ al volante son ya habituales en las pantallas de los ordenadores del GIAT. El pasado mes de abril se anunció la investigación al conductor de un vehículo que se dedicaba a hacer lo que se conoce en el argot de las competiciones de motor como “driftings” y “donuts” (dos tipos de sobrevirajes) en una vía pública abierta al tráfico de un barrio de Zaragoza. Como otras veces, la investigación se inició con la visualización de unos vídeos publicados en redes sociales. En ellos se apreciaba como el coche con el que se cometía esas maniobras pasaba a escasos metros de otros vehículos y peatones. Como resultado de la investigación se logró obtener la identidad del conductor, un varón de 30 años, que ha sido localizado e investigado en la provincia de Barcelona, imputándole dos presuntos delitos contra la seguridad vial por conducción temeraria.
Ayudas tecnológicas
Monitorizar el contenido que se sube todos los días a las redes sociales parece, a priori, un trabajo inabarcable para los más de 200 especialistas del GIAT repartidos por toda España, “unos 15 en el GIAT Central, y entre 3 y 5 por provincia. Y no llegamos a todo, porque el tema de las redes es sólo una de nuestras misiones”, reconoce el capitán Garciamartín. Generalmente, los GIAT de cada sector o periféricos se encargan de los posibles delitos cometidos en sus propios territorios, aunque si la prueba implica a varias zonas o tiene cierto grado de complejidad, es el GIAT Central el que acomete la investigación.
Para barrer las redes sociales, los técnicos del GIAT disponen de ayudas tecnológicas. Una de ellas es el sistema LINCE, una plataforma online pluridisciplinar de la Guardia Civil con múltiples funcionalidades, como localizar y gestionar incidencias en las carreteras, crear alertas periódicas, distribuir información automáticamente a otros sistemas o usuarios a través de correo electrónico o mensajería, etc.
En el GIAT utilizan LINCE como rastreador de delitos contra la seguridad vial, acotando la búsqueda mediante la introducción de filtros predeterminados y palabras clave. “Además, los ciudadanos nos envían fotos o vídeos de supuestas infracciones o delitos en este ámbito, subidos o no a las redes, y que nos llegan o bien al buzón de nuestra oficina periférica de comunicación, o desde el buzón de la Dirección General de la Guardia Civil”, explica el capitán jefe del GIAT Central.
Delitos e infracciones
Una vez obtenido los resultados de LINCE y los mensajes ciudadanos, el GIAT analiza todo el material audiovisual, aunque este no siempre tiene recorrido. “A veces nos envían vídeos de comportamientos que no constituyen ni siquiera infracción, o grabado fuera de España, por lo que no tenemos opción de actuar. También puede ser que lo que observamos sea sólo susceptible de sanción administrativa. En ese caso lo derivamos a la Jefatura correspondiente para que actúe de oficio o al subsector para que rellene el boletín de denuncia. Antes, si es posible, identificamos al denunciado. Así, con la prueba audiovisual inician el expediente sancionador administrativo”, afirma el capitán.
¿Qué pasa si lo que se ve en el vídeo puede tener consecuencias penales? “Si vemos que hay un posible delito abrimos inmediatamente diligencias. En ese caso ya estamos hablando de investigar a una persona que tiene derecho a defenderse con un abogado desde el momento en el que se le notifica el presunto delito por conducción temeraria, o por exceso de velocidad muy alto, probado mediante una grabación. Hacemos un atestado con la información recopilada, lo enviamos al juez y este llama a declarar”, explica Garciamartín.
En estos casos, el vídeo es la prueba y el punto de partida de la investigación
Cadena de custodia
Al contrario que en la mayoría de los expedientes policiales, en los delitos expuestos en redes sociales, la prueba, es decir, el propio vídeo, es el comienzo de la investigación. “No suele pasar mucho tiempo desde que se sube hasta que el protagonista, o alguien de su entorno, se da cuenta de que la publicación puede tener consecuencias”. Para certificar que la prueba ha sido descargada directamente de internet y no ha sido manipulada en ningún momento del proceso de investigación, cada vídeo tiene una cadena de custodia, un registro de autenticidad o log que acompaña a la propia evidencia audiovisual durante toda la investigación hasta que llega al juez.
Con la prueba en sus ordenadores, los miembros del GIAT comienzan la investigación. “Debemos tener en cuenta todos los parámetros posibles para seguir adelante. En primer lugar, hemos de asegurarnos de que puede ser delito, y luego, si es posible, debemos identificar al posible delincuente”, explica el guardia Gutiérrez, experto en análisis digital forense del GIAT Central. “También es básico determinar el lugar y la fecha, porque si el delito ha sido grabado fuera de España o hace tanto tiempo que ha prescrito, no seguimos adelante”.
Una vez comprobado que la prueba puede tener recorrido judicial, los agentes del GIAT acometen la identificación del conductor. “Tenemos varias vías para dar con el protagonista. Lo que sabemos de antemano es que el vídeo está subido a una red, a través de una cuenta, con un correo electrónico... y a partir de ahí vamos atando cabos sobre la fecha, la localización, el entorno, etc. Hay que tener en cuenta que normalmente son personas que graban los hechos y lo suben de forma instantánea a las redes sociales”, matiza Gutiérrez.
Pixel a pixel
A veces los planos del vídeo no permiten ver con claridad de qué vehículo se trata o quién está a los mandos. “Analizamos las imágenes pixel a pixel si hace falta. Por los detalles que se ven, intentamos determinar el modelo de coche o moto, y el entorno también nos ofrece pistas. Por ejemplo, si somos capaces de determinar la carretera o incluso el tramo en el que circula el vehículo, podemos solicitar imágenes de OCR o LPR (cámaras de la DGT en las carreteras capaces de leer caracteres de placas) para determinar el modelo y la matrícula. Como el caso de un exceso de velocidad que investigamos, en el que el conductor iba a más de 200 kilómetros y no fuimos capaces de saber la localización hasta que en uno de los visionados, después de muchas ampliaciones, dimos con el punto kilométrico y la carretera”, recuerda el capitán Garciamartín. Aun así, no en todos los casos se logra identificar al conductor. “Si no tenemos la evidencia de quién era la persona que conducía, pero sí la certeza de qué vehículo era, el expediente se remite igualmente al juez, que llama al propietario para esclarecer los hechos”.
Según el propio capitán, los casos más sencillos se resuelven en dos o tres semanas. Aunque si se necesitan otras herramientas para la identificación, la resolución puede tardar varios meses. “Todos los casos tienen su complejidad, pero obtener las evidencias del posible delito en este tipo de casos no tiene precio”, finaliza Garciamartín.
Colaboración ciudadana
En 2023, los investigadores del GIAT recibieron 155 mensajes de ciudadanos denunciando comportamientos presuntamente delictivos relacionados con la seguridad vial, de los que 119 fueron considerados finalmente delito. Desde el propio GIAT dejan claro que la información proporcionada por cualquier persona, aunque se haga desde un correo electrónico personal, se trata de forma anónima. Es decir, al ser considerada colaboración ciudadana, en ningún momento implica la aparición del nombre del informador en ningún expediente judicial. Todos los ciudadanos que quieran denunciar un comportamiento delictivo, esté o no relacionado con la seguridad vial, pueden hacerlo a través del formulario de Colaboración Ciudadana existente en la página web de la Guardia Civil o desde el correo electrónico: colabora@guardiacivil.org.
Inconsciencia colectiva en pantalla pequeña
Una de las últimas operaciones realizadas por el GIAT salió a la luz a finales del pasado agosto y llamó la atención por el nivel de organización del evento. La Guardia Civil anunció la investigación de 11 personas por participar en un concurso de derrapes en el casco urbano de Castroverde (Lugo).
La concentración congregó a aficionados de todo tipo de vehículos ‘tuneados’ (turismos, motos, quads…) en un éxtasis colectivo de derrapes y quema de ruedas realizados en una zona de acceso libre a pie, sin medidas de seguridad y con numerosos peatones jugándose el tipo a escasos metros de los vehículos participantes.
Después del ‘espectáculo’, algunos de los participantes subieron vídeos a las redes sociales, que llegaron a ojos de los especialistas de la Guardia Civil.
Con la prueba en sus manos, los agentes iniciaron la investigación para determinar el día, la hora, el lugar, la matrícula de los vehículos utilizados y la identidad de los conductores y promotores del evento. Como resultado, los 11 investigados pueden enfrentarse a penas de prisión de hasta dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor como supuestos autores de un delito contra la seguridad vial.
-
Ver reportaje completo en revista interactiva