Proteger a los trabajadores, también en la carretera

Al menos uno de cada tres fallecidos en siniestro vial en el mundo lo es a causa de un accidente de tráfico relacionado con el trabajo (ALT). En España, según los datos del ‘Informe de accidentes laborales de tráfico 2024, del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), el 11,8 % de los accidentes laborales son de tráfico y el 28,8 % de las víctimas mortales por siniestros en el trabajo son por desplazamientos relacionados con él.

Destaca, además, que el 72 % de los siniestros laborales viales ocurren en el trayecto al lugar de trabajo o desde este al domicilio. Son los llamados accidentes in itinere. Frente a ellos, los siniestros de tráfico que tienen lugar durante el horario laboral, los accidentes en jornada, suponen el 28 % del total de siniestros de tráfico relacionados con el trabajo.

Y las cifras de este año 2025 no son muy diferentes: según el avance de datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, de enero a septiembre de 2025 se han producido en España 458.570 accidentes laborales con baja, de ellos 53.695 son de tráfico (11,7 %). Y respecto al número de fallecidos en este periodo: se han producido 547 accidentes laborales mortales, 158 relacionados con el tráfico (28,9 %), 57 en jornada y 101 in itinere.

Con este escenario, implantar una cultura de la seguridad vial en las organizaciones se presenta como una necesidad imperiosa.

Mover el foco

Los expertos internacionales reunidos en febrero en la IV Conferencia Ministerial Mundial de Seguridad Vial de Marrakech abogaron por centrar el foco en trabajar desde las organizaciones para reducir la siniestralidad vial, y complementar así las políticas de las últimas décadas que insistían sobre todo en la regulación y el cumplimiento de las normas, dirigidas en su mayoría a la población general.

Sus recomendaciones, recogidas en el informe ‘Más allá de 2025: Nuevas medidas para salvar vidas’, incluyen: integrar la seguridad vial en las normas y buenas prácticas en toda la cadena de valor; adoptar la cultura de la seguridad como base, y que Administraciones y ciudades sean locomotoras del cambio al aplicar criterios de seguridad vial a sus acciones y contrataciones. También se introduce la idea de que la seguridad vial laboral sea una condición para tomar decisiones financieras o que el sector de la automoción apoye los niveles más altos de seguridad organizativa y de los vehículos.

Para proteger a las personas trabajadoras en sus desplazamientos laborales, las entidades pueden seguir el sistema seguro de la movilidad y actuar sobre cuatro puntos: factor humano, factor vehículo, factor vía y entorno y condiciones laborales.

En el caso de los riesgos relacionados con las personas (el consumo de alcohol o drogas, la fatiga, las distracciones -con especial atención al uso del móvil al volante- o la velocidad inadecuada) pueden ser contrarrestados con formación, concienciación y políticas estrictas del uso del móvil, entre otras. Las herramientas tecnológicas como los sistemas avanzados de asistencia a la conducción, y un mantenimiento periódico y eficiente, les ofrecerán vehículos más seguros. Para trabajar en el factor vía son efectivas medidas como la planificación de rutas seguras. Y la reducción de los desplazamientos, la flexibilización horaria o el fomento del teletrabajo, podrían reducir el riesgo desde la perspectiva de la organización del trabajo.

Planes de movilidad

En España la protección de los trabajadores frente a los riesgos del tráfico se recoge entre los objetivos de la Estrategia de Seguridad Vial 2030 y de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo (EESST) 2023-2027.

La firma por parte de los agentes sociales y económicos de esta última ha impulsado que las empresas estén ya actuando “para potenciar una mejor seguridad vial, como por ejemplo con planes de movilidad y seguridad vial, la integración de la seguridad vial dentro de la prevención de riesgos laborales o el apoyo a iniciativas de movilidad y seguridad en territorios”, afirma la patronal española CEOE, que también avanza que desde el Grupo de Trabajo de Seguridad Vial, creado en el seno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, se estudia elaborar “un documento que sirva de guía a las personas encargadas de la prevención para poder evaluar con mayor precisión los riesgos asociados con la seguridad vial”.

También la nueva Ley de Movilidad Sostenible, publicada en el BOE en este mes de diciembre, ha supuesto un nuevo empuje al exigir a los grandes centros de actividad (a partir de 200 empleados o 100 por turno) disponer de un plan de movilidad que incluya métodos de transporte alternativos.

Lo ideal, sin embargo, sería que todos los agentes económicos interiorizaran la necesidad de disponer de este instrumento: “La elaboración de un plan lo podemos hacer cualquiera, sea obligatorio o no y al margen del tamaño de las entidades. De hecho, todas las Jefaturas Provinciales de Tráfico tienen su propio plan y lo hacen sin recurrir a recursos externos. Cualquiera puede trabajar en seguridad vial, incluso una empresa unipersonal. A veces es más una cuestión de voluntad y de conciencia”, argumenta Pilar del Real, jefa de Área de Intervención Estratégica del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. En la misma línea, Blanca Ruiz de Zárate, jefa de la Unidad Técnica de Seguridad Vial Laboral del Centro Nacional de Nuevas Tecnologías (CNNT) del INSST, entiende que es fundamental avanzar en la prevención: “Lo que es importante es gestionar adecuadamente el riesgo laboral vial presente en las organizaciones. En el caso de los desplazamientos durante la jornada existe la obligación empresarial de evaluar el riesgo y de adoptar medidas preventivas, y además se aconseja desarrollar acciones de formación y sensibilización, y elaborar recomendaciones específicas dirigidas a los desplazamientos in itinere (ida y vuelta al trabajo) para todas las personas trabajadoras”.

La misma opinión es compartida por UGT Madrid. Son conscientes de que las grandes empresas ya están en ello, pero sus acciones son insuficientes por sí solas: “Su verdadero impacto global dependerá de que estas se extiendan y se adapten a las pequeñas y medianas empresas. La seguridad vial laboral es una responsabilidad compartida entre el empleador y la persona empleada. Las empresas, incluidas pymes y micro pymes, tienen la obligación de realizar e implementar los planes en materia de seguridad vial laboral para reducir los accidentes laborales de tráfico”, insisten.

A pesar de todo, reconocen que ya hay ayuntamientos y empresas de transporte urbano que han empezado a incluir cláusulas de seguridad vial en sus pliegos de contratación. De hecho, con la idea de que cunda el ejemplo, la DGT ha publicado este año una guía orientativa para ayudar a las organizaciones en sus licitaciones.

Certificados y sellos

Otros instrumentos para facilitar a la empresa la elaboración de su estrategia de prevención son los sistemas de gestión de la seguridad. Un ejemplo es el basado en la ISO 39001, diseñada específicamente para afrontar los riesgos relacionados con la seguridad vial en la empresa. “Reducir los accidentes de tráfico es un compromiso de todos, pero en el caso de las empresas, su actuación tiene un impacto mayor entre la sociedad, y disponer de un modelo de certificación como la ISO 39001 demuestra que están comprometidas con la seguridad vial en un sentido global, que se extiende desde los empleados, a los pasajeros y a terceros usuarios”, afirma Sergio González, coordinador de Marketing Estratégico de AENOR, una de las empresas que otorgan este certificado.

Con una filosofía similar, la DGT promueve el ‘Sello de Movilidad Segura en la Empresa’, para que las CCAA puedan “premiar” a las organizaciones que garanticen de forma efectiva la seguridad vial de su plantilla, “porque los sellos o las certificaciones no deben entenderse como un fin en sí mismo, sino como un premio por haber hecho las cosas bien a la hora de abordar los riesgos viales de las personas trabajadoras”, asegura Pilar del Real.

Por el momento, Asturias (pionera en 2016), Cantabria, Murcia, La Rioja y Castilla y León disponen de sellos creados a partir de esta iniciativa, y la idea es que pueda extenderse a otras comunidades. Porque, como señala Sergio González: “Cualquier movimiento desde el ámbito corporativo hacia una movilidad más segura y eficiente nos acercará a un modelo de país que vela por la seguridad vial de todos”.