Cada siniestro vial tiene consecuencias materiales y, en muchas ocasiones, personales. En 2024 (último año con estadísticas consolidadas) hubo 101.996 siniestros de tráfico en toda España en los que fallecieron 1.785 personas, 9.561 necesitaron hospitalización y 125.084 fueron heridas leves (sin ingreso). Por otra parte, según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, los costes asociados a esos siniestros viales podrían superar los 14.000 millones de euros. Son cifras, pero sobre todo son problemas, dramas y tragedias personales y familiares que deben ser reparadas por la sociedad.
En esa lucha lleva muchos años Eugenia Domènech. La actual directora de la Autoridad Territorial de la Movilidad del Camp de Tarragona fue presidenta de la asociación P(A)T Prevención de Accidentes de Tráfico entre 2009 y 2015, cargo que sigue ostentando de forma honorífica. Además, Domènech forma parte de la Comisión de Seguimiento del Sistema de Valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación –más conocida como Comisión del Baremo–, un órgano colegiado en el que además de las víctimas están representadas las entidades aseguradoras, los expertos independientes y los técnicos de organismos públicos. Las funciones principales de esta comisión se resumen en dos: hacer seguimiento del sistema para la valoración de los daños causados en accidentes y proponer mejoras en el mismo.
Cobertura con límites
La aprobación el pasado año de la Ley 5/2025 (sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor) supone un nuevo hito en cuanto a la ampliación de las protecciones y de la cuantía de las indemnizaciones para las víctimas. Además, corrige algunas circunstancias que antes podían considerarse discriminatorias. “Es una evolución de la Ley 35/2015, que ya supuso un avance significativo, y sigue la mayoría de las recomendaciones recogidas en el Informe Razonado y la Guía de Buenas Prácticas –un documento elaborado por mandato legal por la propia Comisión del Baremo en el que se recogen sucesivos acuerdos firmados por sus integrantes–”, explica Domènech.
La nueva ley mantiene la cobertura del seguro obligatorio hasta 70 millones de euros para daños personales, cualquiera que sea el número de víctimas. “Es una cobertura excelente que nos sitúa a la cabeza de Europa, hasta el punto de que es prácticamente inalcanzable. Sin embargo, el desarrollo de la propia ley, aunque ahora mejora algunos conceptos inalcanzables, pone límites que son incompatibles con la idea de reparación íntegra del daño, uno de los principios fundamentales de nuestro sistema de valoración desde que se redactó el artículo 33 en la anterior Ley 35/2015”, advierte José Pérez Tirado, asesor jurídico de Stop Accidentes y, junto a Eugenia Domènech, vocal por parte de las víctimas en la Comisión del Baremo.